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Según ACLU, muchos de los extranjeros detenidos tienen sólidos argumentos contra su expulsión y no presentan el riesgo de desaparecer sin dejar rastro.
Durante los debates de noviembre pasado, los magistrados de la Corte Suprema fueron receptivos a ese planteamiento y criticaron los largos periodos de detención.
Sin embargo, se mostraron más cautos sobre la pertinencia de establecer de manera general y al cabo de seis meses de detención una audiencia para solicitar la libertad bajo fianza.
El representante del gobierno había defendido que se aplique la legislación de cada estado.
Pero para los detenidos, esos largos periodos privados de la libertad no se diferencian de una condena carcelaria. Deben vestir uniforme de presidiario, son vigilados como en una prisión y pueden incluso ser sometidos a aislamiento. Las visitas de familiares también son limitadas.
