Al asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump emitió una orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía automática a los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que se encuentran en el país de forma indocumentada o temporal.
Esta orden fue inmediatamente bloqueada por jueces federales, lo que impidió que se ejecutara a inicios del año.
La Corte no se pronunció directamente sobre la constitucionalidad de la orden, pero sí limitó el alcance de los jueces federales para bloquear políticas a nivel nacional. El Tribunal Supremo declaró que “las órdenes universales probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”.
Esto significa que los tribunales inferiores ahora deben revisar los casos de forma individual, estado por estado, lo que beneficia a las órdenes ejecutivas de Donald Trump.
Como resultado, la orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía automática estaría “permitida” en 28 estados donde no se ha impugnado, pero estaría bloqueada en 22 estados y Washington D.C., donde sí se interpusieron demandas contra la medida.
La Sentencia de la Corte entrará en vigor hasta en 30 días, pero se espera una serie de impugnaciones que podrían retrasar la puerta en marcha de la medida. Además, hay 22 estados y Washington D.C. que aún protegen la ciudadanía automática por nacimiento. Hasta el momento son:
La orden ejecutiva de Donald Trump indica que “los niños nacidos en Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025 no serán considerados ciudadanos estadounidenses si ninguno de sus padres tiene ciudadanía o estatus migratorio permanente”.
A quiénes afecta:
Esto incluye a hijos de:
Consecuencias para los niños afectados:
La orden no afecta a hijos de ciudadanos estadounidenses ni a hijos de residentes permanentes legales (titulares de “green card”).
Los tribunales inferiores deberán decidir si la orden ejecutiva es constitucional. Mientras tanto, la ciudadanía por nacimiento sigue siendo válida en algunos estados, pero su futuro legal es incierto.
Organizaciones pro derechos civiles y de inmigración han prometido continuar la lucha legal para preservar la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, vigente desde 18681, cuando se ejecutó para dar la ciudadanía a personas que fueron esclavos y habían nacido en el país.
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