Estas personas podrían perder la ciudadanía estadounidense: endurecen política migratoria

El gobierno de Estados Unidos ha adoptado una postura más estricta en materia migratoria al intensificar sus esfuerzos para revocar la ciudadanía a ciertos ciudadanos naturalizados.

A través de un memorando fechado el 11 de junio, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) instruyó a sus abogados a priorizar los casos de desnaturalización que involucren delitos graves, otorgando además mayor discrecionalidad a los fiscales federales para decidir cuándo aplicar esta medida.

La desnaturalización es un proceso legal mediante el cual el gobierno puede revocar la ciudadanía estadounidense de una persona si ésta “fue obtenida de manera fraudulenta, mediante ocultamiento de información relevante o por la comisión de ciertos delitos”.

Según el Título 8 del Código de los Estados Unidos, la “desnaturalización” permite al gobierno “actuar contra individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, han cometido crímenes de guerra, han participado en redes criminales o han incurrido en fraudes financieros”, entre otros.

El Departamento de Justicia ha establecido diez categorías prioritarias para enfocar sus recursos en los casos más graves. Estas incluyen:

1. Casos contra personas que representan un peligro potencial para la seguridad nacional, incluyendo aquellas con vínculos con el terrorismo, el espionaje o la exportación ilegal desde Estados Unidos de bienes, tecnología o información sensibles que generen preocupaciones de seguridad nacional.
2. Casos contra personas que participaron en tortura, crímenes de guerra u otras violaciones de derechos humanos.
3. Casos contra personas que promovieron o promueven la actividad ilícita de bandas criminales, organizaciones criminales transnacionales y cárteles de la droga.
4. Casos contra personas que cometieron delitos graves que no se revelaron durante el proceso de naturalización.
5. Casos contra personas que cometieron trata de personas, delitos sexuales o delitos violentos.
6. Casos contra personas que participaron en diversas formas de fraude financiero contra los Estados Unidos.
7. Casos contra personas que cometieron fraude contra particulares, fondos o corporaciones.
8. Casos contra personas que obtuvieron la naturalización mediante corrupción gubernamental, fraude o tergiversaciones materiales, que no se hayan abordado en otra categoría de prioridad.
9. Casos remitidos por la Fiscalía de los Estados Unidos o en relación con cargos penales pendientes.
10. Cualquier otro caso remitido a la División Civil que esta considere de importancia suficiente para su tramitación.

El Departamento de Justicia dice que se reserva el derecho de actuar en cualquier caso que considere relevante para proteger “la integridad del sistema de naturalización”.

Aunque la desnaturalización es posible desde hace tiempo, a algunas organizaciones pro migrantes les preocupa que la administración exceda su poder y quite la ciudadanía a personas inocentes.

La naturalización es el proceso mediante el cual se otorga la ciudadanía estadounidense a un extranjero. Para obtenerla, el solicitante debe cumplir con los requisitos estipulados en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Quienes se naturalizan como ciudadanos adquieren derechos, pero también deben cumplir con obligaciones ante el gobierno.

No es común que las autoridades revoquen la ciudadanía a un naturalizado, pero Donald Trump creó en su primer mandato un departamento encargado “específicamente” de retirar la ciudadanía a terroristas, criminales de guerra, violadores de los derechos humanos, delincuentes sexuales y a personas que la hayan obtenido de manera fraudulenta. Ahora continúa con esas medidas.

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