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En una maniobra tan alarmante como inusual, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos emitió correos electrónicos ordenando la salida inmediata del país a miles de personas, entre ellas tres abogadas especializadas en inmigración que, paradójicamente, son ciudadanas estadounidenses.
Pamela Rioles Saeed, Nicole Micheroni y Liudmila Armas Marcelo recibieron el 11 de abril una notificación oficial enviada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en la que se les advertía que debían abandonar EE.UU. en un plazo máximo de siete días.
El mensaje se refería a la cancelación de su "parole", un permiso temporal que ninguna de ellas requería por su estatus legal.
El lenguaje de los correos fue descrito por las afectadas como "amenazante", "agresivo" y “atemorizante”. Frases como “ha llegado el momento de que abandones Estados Unidos” o “el gobierno federal le encontrará” acompañaban advertencias sobre multas, sanciones civiles y posibles procesos penales.
El correo, enviado desde cuentas oficiales del DHS, no solo sorprendió por su tono, sino por el canal elegido: un correo electrónico general, sin acuse de recibo ni validación jurídica, lo que contrasta con los protocolos regulares del sistema migratorio estadounidense.
Las tres abogadas, además de su condición ciudadana, tienen trayectorias activas en la defensa de migrantes, lo cual alimenta la percepción de que estos errores podrían estar ligados —intencional o no— a un patrón de intimidación hacia defensores de derechos.
La administración federal ha sido crítica de los llamados “obstáculos legales” a las deportaciones masivas, y ha mantenido un pulso abierto contra jueces y jurisdicciones que brindan amparo a inmigrantes. Esta situación, lejos de ser un incidente aislado, se inscribe en un contexto de endurecimiento de políticas migratorias y desorganización administrativa evidente.
De acuerdo con las explicaciones preliminares del DHS, los correos podrían haber sido enviados automáticamente a usuarios registrados en plataformas del gobierno como USCIS o CBP One, incluso si su vínculo con los casos era meramente profesional.
Esto ha provocado una ola de pánico entre migrantes en proceso de regularización, residentes permanentes y ciudadanos naturalizados que temen haber perdido su estatus por errores digitales.
La abogada Marcelo subraya que el efecto más inmediato no es legal, sino psicológico: “el miedo paraliza, y eso es lo que están provocando”.
Lo más preocupante es que esta oleada de correos también ha coincidido con la revocación masiva de permisos de entrada (I-94) para personas que ingresaron legalmente bajo CBP One. Aunque la revocación de parole no equivale a una orden de deportación, muchas personas no familiarizadas con el proceso legal podrían abandonar el país innecesariamente, incurriendo en ausencias voluntarias que complicarían o invalidarían futuras audiencias migratorias.
Señal alarmante de caos en la política migratoria digital de Estados Unidos
Este episodio es más que un error administrativo. Es una señal inequívoca de que el sistema migratorio de Estados Unidos está operando con una arquitectura digital frágil, incapaz de distinguir entre un ciudadano, un defensor legal y un inmigrante indocumentado.
La automatización mal implementada se convierte en una herramienta peligrosa cuando sustituye el juicio humano y genera miedo masivo, sobre todo en comunidades ya vulnerables por su estatus migratorio o desconocimiento legal.
El hecho de que ciudadanas estadounidenses hayan sido notificadas como si fueran extranjeras en situación irregular, y que además se trate de abogadas que ejercen una labor clave en la defensa de derechos, representa un precedente profundamente inquietante.
No solo por el fallo técnico, sino por el contexto político en el que se da: una administración que ha optado por la confrontación directa contra todo elemento que interfiera con su modelo de deportación acelerada.
El lenguaje de las notificaciones no es casual. Habla de “hallarte” y de “opciones legales disponibles” como si se tratara de un enemigo interno.
Esta narrativa de confrontación reduce al individuo a una amenaza, aunque sea ciudadano, y refuerza el temor como herramienta de control. El efecto en la población migrante es devastador: desinformación, ansiedad, retraimiento, y en muchos casos, decisiones erróneas que los colocan en mayor vulnerabilidad jurídica.
La solución no es solo corregir el envío de correos electrónicos. Se necesita una revisión profunda del sistema automatizado de notificaciones migratorias, con salvaguardas legales y controles humanos que impidan errores de esta magnitud.
De lo contrario, la combinación de tecnología sin supervisión, retórica hostil y políticas de endurecimiento migratorio seguirá provocando efectos colaterales inaceptables. Y lo más grave: seguirá erosionando la confianza ciudadana en una administración pública que parece actuar cada vez más lejos del debido proceso.
