Una jueza federal estadounidense anuló la suspensión de los trámites de visa para la residencia permanente en Estados Unidos impuesta en enero a 75 países, asestando otro golpe a la agenda antiinmigratoria de Donald Trump.
En su fallo, Jeannette Vargas, de un tribunal de Nueva York, declaró que la política era "contraria a la ley" y que excedía la "autoridad legal" del secretario de Estado, Marco Rubio.
La medida, vigente desde el 21 de enero, suspendía la tramitación de visas de inmigrante, a diferencia de las visas de no inmigrante que permiten la entrada temporal al país, y afectaba, entre otras, a las solicitudes de ciudadanos de Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.
El Departamento de Estado había justificado la decisión alegando que los inmigrantes de estos países representaban "un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas".
Sin embargo, Vargas dictaminó que se había ordenado indebidamente a los funcionarios consulares denegar visas basándose únicamente en el país de origen del solicitante, incluso cuando se había determinado que éste cumplía con los demás requisitos.
El fallo emitido el viernes revoca cualquier denegación de visa basada únicamente en esta política.
Desde su regreso al poder, Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal, llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, pero también ha restringido significativamente la entrada legal de extranjeros.
A principios de junio, un juez federal anuló la tasa de 100,000 dólares para las visas de trabajo, comúnmente utilizadas en el sector tecnológico.
A finales de junio, la Corte Suprema anuló un decreto emitido por Trump el primer día de su segundo mandato que eliminaba la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, con el objetivo de acabar con lo que él consideraba un incentivo para la inmigración ilegal.