El Gobierno de México acusó al Grupo Salinas de deber más de 74 mil millones de pesos en impuestos que no han podido recuperarse desde hace 16 años debido a una estrategia legal basada en múltiples amparos y recursos que han frenado los juicios. La procuradora fiscal, Grisel Galeano, denunció un “modus operandi” que involucra incluso la omisión de jueces, y urgió a que la nueva Suprema Corte resuelva los casos con objetividad y prontitud, dado que actualmente hay 32 litigios en curso, incluidos procesos en la SCJN, tribunales colegiados y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Grupo Salinas “va a pagar los impuestos” y acusó a la oposición de utilizar esta situación para desacreditar la reforma al Poder Judicial, señalando que durante años existieron vínculos con jueces y ministros que favorecieron el retraso de los juicios. También se anunció que Hacienda trabaja en una nueva ley para evitar abusos procesales y prácticas dilatorias, con el fin de garantizar una justicia fiscal más eficiente y menos vulnerable a las llamadas “chicanadas legales”.