En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado la seguridad en su frontera sur mediante la creación de Áreas de Defensa Nacional (National Defense Areas, NDA).
Estas zonas, establecidas por el Departamento de Defensa, representan una nueva fase en la militarización de la frontera con México y tienen implicaciones legales severas para quienes las cruzan sin autorización.
La Embajada de Estados Unidos en México ha advertido, a través de sus redes sociales, que cualquier persona no autorizada que entre a un Área de Defensa Nacional será objeto de multas, arresto, enjuiciamiento, encarcelamiento y deportación
Las Áreas de Defensa Nacional son zonas restringidas bajo jurisdicción militar que se consideran extensiones temporales de bases militares estadounidenses. “Su objetivo principal es impedir el ingreso irregular de personas al país y facilitar la cooperación entre el Ejército y la Patrulla Fronteriza”, señala el gobierno.
Hasta mediados de 2025, se han establecido al menos dos Áreas de Defensa Nacional en la frontera sur:
Además, se espera que agreguen dos nuevas áreas. Una abarcará 400 kilómetros del Río Grande y otra estará cerca del MCAS de Yuma.
El gobierno de Estados Unidos dice que “entrar sin autorización a una NDA constituye una violación federal”. Las consecuencias pueden incluir:
Detención inmediata por parte de personal militar o agentes fronterizos.
Multas y procesamiento penal por ingreso no autorizado a instalaciones militares.
Remoción acelerada del país bajo la sección §235(b)(1)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), sin derecho a audiencia ante un juez de inmigración.
Prohibición de reingreso a Estados Unidos por hasta 10 años si se emite una orden de deportación.
“Estados Unidos ha designado ciertas zonas de la frontera como Áreas de Defensa Nacional. Quienes ingresen por estas zonas enfrentarán multas, detención, proceso legal y cárcel”, señala la Embajada de Estados Unidos en su canal de difusión de WhatsApp.
La administración de Trump ha anunciado que llevará redadas de deportación a gran escala, lo que podría tener un impacto devastador en comunidades migrantes.
Ante esta orden, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) insta a los gobiernos estatales y locales a tomar medidas inmediatas para prepararse y proteger a sus comunidades.
“Se recomienda convocar a líderes públicos y privados para desarrollar un protocolo de respuesta a estas redadas”, señalan.
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