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El asambleísta por San Diego David Álvarez ha usado su primera iniciativa de ley para proponer que estudiantes que viven al sur de la frontera con México puedan estudiar en los colegios comunitarios fronterizos de California pagando las mismas colegiaturas que los alumnos locales.
“Vivimos en una región binacional en la que ayudar a un lado de la frontera nos ayuda a todos”, dijo a EFE el miembro demócrata de la Asamblea Estatal (Cámara Baja) de California en conversación telefónica desde Sacramento.
Explicó que su propuesta AB9, presentada en enero, favorecería a los estudiantes estadounidenses o mexicanos que viven dentro de las primeras 45 millas (72 kilómetros) desde la frontera entre California y México para que se les aplique la misma colegiatura que pagan los residentes del Estado Dorado en alguno de los planteles de la Asociación de Colegios Comunitarios de los Condados de San Diego e Imperial.
La otra condición que propone el asambleísta, hijo de inmigrantes trabajadores mexicanos que creció en el barrio latino Logan de San Diego, es que esos estudiantes sean de familias de bajos ingresos y lo demuestren.
Si la propuesta es aceptada, reducirá hasta en 81% el costo de la matrícula, que ahora resulta prohibitivo para muchos estudiantes que radican en México y quisieran prepararse en California.
Según datos de los Colegios Comunitarios de California (CCC), la matrícula por el año escolar 2023 para estudiantes que residen en California es de 1,246 dólares anuales, mientras que la tarifa para los no residentes en el estado es de 6,603 dólares. En los colegios privados el costo promedio es de 20,540 dólares anuales.
La propuesta de Álvarez, que tendría una vigencia inicial de cinco años, “es un paso significativo de justicia social para los estudiantes transfronterizos”, dijo a EFE la doctora en educación Vannessa Falcón Orta, del campus de la Universidad Estatal de San Diego en el Valle Imperial, una región agrícola en la que más del 95 % de la población es latina y vive indistintamente en uno u otro lado de la frontera.
Falcón advirtió que las principales razones por las que los estudiantes transfronterizos desarrollan vidas paralelas en ambos lados de la frontera al vivir en México y estudiar en California son las dificultades económicas, la inseguridad de vivienda y la deportación de un familiar.
La propuesta de Álvarez complementa la ley SB257, que firmó en 2017 el entonces gobernador Jerry Brown y permite a los menores de edad hijos de padres deportados al estado mexicano de Baja California continuar sus estudios de preparatoria en escuelas de California, ahondó Falcón
Álvarez señala que su iniciativa también beneficiaría el futuro económico de la frontera de California.
La Corporación de Desarrollo Económico Regional de San Diego aconseja duplicar ahora mismo la cantidad de personas con educación posterior a la preparatoria para satisfacer las demandas de la economía local para 2030. Esto equivale a unos 20,000 nuevos trabajadores calificados, egresados de educación válida de California, cada año.
El asambleísta propone que los estudiantes transfronterizos tengan todos los beneficios que tienen los alumnos locales, como tomar dos años de clases que automáticamente revalidan los sistemas de universidades de California, para después graduarse como profesionales con título universitario en sólo dos años más de estudios.
El legislador demócrata dice que “vivir en las Californias significa que vivimos en una región fronteriza dinámica, donde necesitamos educar más estudiantes que asuman puestos de trabajo para el crecimiento regional”.
Por su parte, el activista fronterizo Joaquín Vázquez Patlán opinó que la propuesta AB91 “en lo general es buena porque seguramente va a iniciar el diálogo sobre la necesidad de educar a los jóvenes, sobre todo a los hijos de padres deportados”, como él mismo y sus hermanos.
Sin embargo, la AB91 limita en su texto el número de estudiantes transfronterizos que serían aceptados al 10 % de cada colegio.
Vázquez Patlán calculó que en algunos colegios serían un máximo de 400 alumnos, cifra que considera insuficiente.
Mark Sánchez, presidente del Colegio Southwestern, ubicado en la fronteriza Chula Vista, coincidió en que “ampliar el acceso de los estudiantes binacionales de bajos ingresos a los colegios va a contribuir significativamente a la fuerza laboral y la economía binacional de nuestra región”.
Rosario Martínez, una joven residente en Rosarito, México, a 20 millas (32 kilómetros) al sur de la frontera, exclamó al visitar Chula Vista: “¿En serio? Yo siempre he querido estudiar y mi hermano también; quiere aprender a poner pisos decorativos en las entradas de las casas. Comparando con lo que ya gasto en ir a estudiar a Tijuana (México), ya no sería mucha diferencia. Qué bueno”.
