El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicio esta semana nuevos operativos en Boston y Chicago, dos ciudades lideradas por los demócratas y que tienen en pie políticas para proteger a las comunidades migrantes.
El aumento en la presencia de agentes federales en ambas ciudades llega a la vez que el mandatario ha amenazado con desplegar también a la Guardia Nacional y a efectivos militares. Los gobiernos locales han rechazado fuertemente una acción de este tipo, que ha sido calificada por expertos legales como "ilegal".
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el operativo estará centrado en detener a "extranjeros criminales ilegales" que han "acudido en masa" a Chicago porque saben que el "gobernador y sus políticas de santuario los protegerá y permitirá estar libres en las calles de Estados Unidos".
La alcaldía de Chicago restringe la cooperación de las autoridades locales con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la vez que permite que los migrantes puedan acceder a programas de ayuda sociales de la ciudad sin importar su estatus legal.
Los defensores de este tipo de políticas señalan que son necesarias para mejorar la seguridad de las comunidades, ya que permiten a los migrantes reportar delitos o abusos sin miedo a ser deportados, así como colaborar con las autoridades.
Según medios locales, alrededor de 300 agentes federales están ya apostados en la estación naval Great Lakes al norte de la ciudad.
El llamado 'zar' de la frontera, Tom Homan, señaló el domingo en una entrevista con la cadena CNN que el Gobierno Trump planea desplegar la Guardia Nacional en Chicago y "otras ciudades santuario" durante esta semana.
En Boston, por su parte, los medios locales también han informado de un aumento en la presencia de agentes del ICE en la ciudad, días después de que el Departamento de Justicia demandara a la alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu, por sus políticas pro-inmigrantes.
En 2014 la ciudad adoptó una ley, similar a la de Chicago, que restringe la colaboración de la policía local con ICE.
Tras la histórica asignación de fondos para la agenda antimigratoria de Trump, incluida en el paquete presupuestario aprobado por el Congreso el pasado julio, el DHS ha intensificado la detención de migrantes en todo el país.
Actualmente, Estados Unidos mantiene tras las rejas a más de 61.200 migrantes, el número más alto en varios años. Casi la mitad de estos, un 45 %, no tienen antecedentes criminales, según datos recopilados por el investigador de la Universidad de Syracuse, Austin Kocher.