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Durante su campaña electoral, Donald Trump prometió que eliminaría muchos beneficios migratorios para indocumentados, uno de los cuales fue creado por Barack Obama, el Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), por considerarlo una amnistía ilegal.

Ante ello y una vez que el nuevo presidente tomó el cargo el pasado viernes, los migrantes se mantienen a la expectativa acerca de si el presidente Donald Trump pondrá fin al programa del gobierno de Barack Obama, quien dejó en suspenso las deportaciones de quienes fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños.

En 2012, Barack Obama creó el programa migratorio mediante un decreto presidencial para ofrecer protección temporal a los inmigrantes traídos por sus padres antes de cumplir 16 años y que viven en el país ilegalmente.

Los beneficiarios del programa quedan registrados en el Seguro Social y pueden trabajar, estudiar, pagar impuestos y viajar durante dos años, al cabo de los cuales el beneficio puede ser renovado. Quienes se acojan al plan deben pagar una tarifa de 465 dólares.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, encargado de manejar el DACA, un total de 752 mil personas habían recibido ese beneficio hasta diciembre de 2016.

Los beneficiarios del DACA pueden solicitar un Advance Parole, que permite salir del país en caso de emergencias familiares o por razones de estudio o trabajo, y tienen que pagar una tarifa de 360 dólares. El gobierno estima que al menos 22 mil 340 beneficiarios del DACA han viajado al exterior desde el 2012.

Acerca de lo que pasará si se elimina el programa, las consecuencias aún no están definidas. Según los especialistas, una posibilidad es que simplemente deje de aceptar solicitudes y no se renueven los permisos de estadía a medida que van caducando. También podría desconocer los permisos de inmediato y empezar trámites de deportación.

En el caso de los beneficiarios del DACA que salieron del país al amparo de la Advances Parole y que están casados con un ciudadano estadounidense pueden cambiar su status pues han ingresado legalmente al país. Pero la mayoría corren peligro de perder sus trabajos y beneficios que consiguieron, además de ser deportados.

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