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Los 2,1 millones de empleados del gobierno federal en Estados Unidos recibirán por primera vez licencia por paternidad, en medio de ingentes esfuerzos para extender ese beneficio a todos los trabajadores del país.

De ahora en adelante, padres y madres recibirán 12 semanas de licencia por bebés recién nacidos o recién adoptados, como parte de un proyecto de gastos de defensa que probablemente recibirá el visto bueno final el martes. El presidente Donald Trump ya ha indicado que lo promulgará.

La nueva política equipara al gobierno federal con las grandes empresas del país, las cuales han estado a la vanguardia de hacer más accesibles las licencias por maternidad o paternidad. Además, podría servir de ejemplo para otros sectores, tanto por el tiempo ofrecido como por el hecho de que incluye tanto al padre como la madre.

“Es una decisión histórica”, declaró Dan Sprock, director de cultura de Fairygodboss, un sitio web dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

“El gobierno federal es el mayor empleador del país y esta medida definitivamente tendrá un impacto en otros empleadores que hasta ahora han sido más bien renuentes”, añadió Sprock.

Estados Unidos sigue siendo el único país industrializado que no exige universalmente otorgar licencia a nuevos padres o madres. La gran mayoría de los estadounidenses no reciben tiempo pagado para cuidar de un bebé recién nacido, y esta medida no cambia eso.

Aun así, es la primera vez que ese beneficio es ampliado desde la ley de 1993 que estipula 12 semanas de licencia sin paga.

A partir de octubre del 2020 los empleados federales podrán empezar a recibir la prestación si llevan por lo menos un año trabajando para el gobierno. El empleado está obligado a regresar a trabajar por lo menos 12 semanas después del período de descanso, aunque eso puede derogarse por razones médicas.

Una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos regresa al trabajo dos semanas después de dar a luz porque no pueden darse el lujo de dejar de recibir el sueldo, según cifras oficiales.

La medida, sin embargo, no incluye licencias para atender a familiares adultos enfermos o por razones médicas propias, la principal razón por la que un empleado toma licencia no remunerada en Estados Unidos. El costo proyectado de la medida para el gobierno federal es de 3.300 millones de dólares.

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