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Los habitantes de Chicago estaban llamados a las urnas el martes para elegir una nueva alcaldesa entre dos candidatas afroamericanas, en unos comicios históricos donde la ganadora heredará una ciudad asediada por el crimen y denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Lori Lightfoot, de 56 años y exjefa de un organismo civil de supervisión en la policía local, se enfrenta a Toni Preckwinkle, de 72 años y larga trayectoria política, en una segunda vuelta para dirigir la alcaldía de la tercera mayor ciudad de Estados Unidos.

La ganadora se convertirá en la primera mujer afroamericana que encabeza el municipio de Chicago, un hecho inusual en Estados Unidos, donde apenas el 6 por ciento de los alcaldes de las 200 ciudades más grandes son mujeres negras, según el grupo activista Reflective Democracy.

"Estamos en un momento histórico para Chicago", dijo Jhoanna Maldonado, una profesora de 34 años, después de votar por Preckwinkle en el sector norte de la ciudad. "Los tiempos han cambiado y es hora de algo nuevo", declaró.

Los dos candidatas lograron pasar a la elección final tras ser las más votadas entre 14 aspirantes en una primera ronda celebrada en febrero. El ganador reemplazará a Rahm Emanuel, que anunció en septiembre que no buscaría un tercer mandato.

Lightfoot también se convertiría en la primera alcaldesa abiertamente gay de Chicago. Nunca ha ocupado cargos públicos, mientras que Preckwinkle fue concejal de la ciudad durante casi 20 años antes de convertirse en presidenta de la junta del condado de Cook en 2010.

La ganadora se hará cargo de una de las ciudades más violentas del país. Los homicidios en Chicago disminuyeron en más de un cuarto en 2018 desde su máximo de cinco años de 769 en 2016, pero menos de uno de cada cinco asesinatos se resolvieron en el primer semestre del año pasado, según medios.

Además, la nueva alcaldesa tendrá que cumplir con promesas de campaña de reformar el departamento de la policía, que está bajo supervisión de la justicia para revertir el resultado de una investigación del Gobierno en 2017 que halló uso excesivo de la fuerza y sesgos raciales por parte de los agentes.

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