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Un grupo de estados estadounidenses demandó el viernes al gobierno de Donald Trump por su nueva reglamentación que busca negar la ciudadanía y la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas sociales.
Los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia presentaron la demanda en un tribunal federal en San Francisco indicando que la norma es inconstitucional y apunta de forma desproporcionada a inmigrantes no blancos.
La regla de la Casa Blanca anunciada el lunes, una redefinición de la ley de "carga pública", afecta a los inmigrantes que reciben bonos para alimentos, atención médica pública y otras asistencias. Estos extranjeros, en su mayoría hispanos, ven ahora amenazadas sus esperanzas de conseguir la ciudadanía.
La demanda argumenta que la ley atenta contra personas marginadas, incluidos niños, ancianos y familias de bajos salarios.
El término "carga pública" suele definir a quien depende principalmente del gobierno.
El nuevo criterio implica que 22 millones de residentes no ciudadanos de Estados Unidos que reciben subsidios no podrán obtener tarjetas de residencia o ciudadanía estadounidense.
Además, los migrantes no obtendrán visas de residencia si se los considera demasiado pobres y con tendencia a necesitar asistencia social.
Los nuevos estándares se aplicarán a partir del 15 de octubre.
"Esta cruel política obligará a padres y familias trabajadoras en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo", dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien presentó la demanda.
"Eso es simplemente inaceptable", agregó. "Lucharemos contra esta regla ilegal".
California alberga a más de 10 millones de inmigrantes, casi una cuarta parte de su población y la mayor comunidad de inmigrantes en Estados Unidos.
Becerra dijo que otras demandas serán presentadas por otros estados, así como por individuos y organizaciones.
