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El Gobierno del presidente Donald Trump ha adoptado una nueva interpretación jurídica destinada a obligar a los estados a colaborar en materia de inmigración o arriesgarse a perder fondos de seguridad alimentaria.
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La nueva interpretación, dada a conocer este martes, requiere que los estados reporten al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la presencia de inmigrantes indocumentados; de lo contrario, corren el riesgo de perder fondos federales de los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
Los dos programas son parte vital de la red de seguridad para familias de bajos ingresos, así como para residentes ancianos y discapacitados en EU.
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La anterior opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, que data de 1998, establecía que sólo aquellas agencias estatales específicas que administraban los programas de TANF y SSI estaban obligadas a proporcionar información a las autoridades federales de inmigración.
La revisión del Departamento de Justicia ha ampliado la obligación de reportar a las personas indocumentadas a todos los estados y no solo a las dependencias, subrayó la dependencia en un comunicado.
En ese sentido, el fiscal adjunto T. Elliot Gaiserranjeros dijo que los fondos públicos destinados a ayudar a los estadounidenses vulnerables no deben fomentar “de manera perversa” la entrada ilegal al país, sino más bien reforzar las leyes y las fronteras.
El nuevo dictamen constituye la señal más reciente de la política de mano dura de la Administración Trump en materia de inmigración. Se espera que el dictamen sea rebatido en los tribunales, que en el pasado han anulado otros intentos similares para presionar a estados y ciudades.
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