El Gobierno del presidente Joe Biden hace esfuerzos para atender cientos de miles de solicitudes de visas de inmigrante que se han acumulado en el último año como resultado de la pandemia de la covid-19 y las políticas de la Administración anterior, dijo este lunes una funcionaria del Departamento de Estado.

"Para dar una noción del atraso en los trámites: en enero de 2020 había unas 75.000 solicitudes de visa pendientes. En enero de 2021 había 600.000. La lista de espera creció durante la pandemia", dijo la subsecretaria asistente en la Oficina de Asuntos Consulares, Julie Stufft, en una conferencia de prensa telefónica. 

Sostuvo que "una prioridad es tener presente que los solicitantes no son simplemente números en una estadística", agregó la funcionaria.

"Y la salud y la seguridad de nuestro personal y la de los solicitantes tienen alta prioridad", abundó. 

La semana pasada, el presidente Biden puso fin a la pausa en la concesión de (tarjeta verde) decretada por el hoy expresidente Donald Trump.

El 31 de diciembre pasado, Trump había extendido hasta el 31 de marzo esa suspensión, justificada con la protección de empleos durante la pandemia.

"Cerrarle la puerta a los inmigrantes legales no beneficia a los intereses de Estados Unidos. Por el contrario, eso daña al país, entre otras cosas al impedir que ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes legales se reúnan aquí", declaró Biden al anular los decretos de su predecesor. 

Aunque los decretos firmados por Biden desde su investidura el 20 de enero han cancelado las restricciones decretadas por Trump, algunos límites siguen en pie, explicó Stufft.

"Por ejemplo, hay una restricción para personas que hayan estado en ciertos países en los 14 días anteriores a la solicitud", añadió. Entre esos países se cuentan China, Irán, Sudáfrica y Brasil. 

Stufft señaló que se han adoptado medidas en todos los consulados y puestos dealrededor del mundo para proteger la salud tanto del personal consular como de quienes concurren a hacer los trámites.

"El propósito es reducir el volumen de trámites atrasados protegiendo al mismo tiempo la salud del personal y la seguridad nacional. No podemos prometer que el número de casos disminuirá mes a mes; esto llevará tiempo", puntualizó. 

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