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En el documento se abordan derechos culturales, mecanismos de coordinación entre la federación, los estados, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, el Sistema Nacional de Información Cultural y la participación del sector privado.
El documento es resultado del trabajo en conferencia que mantuvieron los diputados y senadores durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, así como de la revisión de cinco iniciativas presentadas en los últimos meses: el proyecto de la Cámara de Diputados, la de la senadora Angélica de la Peña Gómez del Partido Acción Nacional; la del senador Rabindranath Salazar Solorio del Partido de la Revolución Democrática, la del senador priísta Gerardo Sánchez García, y la presentada por la también priísta Blanca Alcalá en 2014.
La mañana de este jueves se tenía previsto que la votación del dictamen también se desarrollara con la presencia de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera; pero no asistieron. Sin embargo, los legisladores de la Comisión de Cultura sin mayor discusión y con los agradecimientos de Gerardo Sánchez a todos los legisladores de ambas cámaras que participaron en la elaboración del documento, fue aprobado a los 14 minutos de iniciado en el encuentro.
“Nos sentimos muy satisfechos, aunque no en su totalidad, pero consideramos que es un avance significativo. Todavía hasta el día de hoy (jueves) a las 3 de la mañana, estábamos discutiendo con los diputados los términos en los que quedaría el dictamen. De tal manera, creemos que es una oportunidad histórica presentar a la comunidad cultural un proyecto que nos permita edificar una política pública y, en consecuencia, podamos contribuir con una demanda y una exigencia que durante tanto tiempo se ha hecho”, indicó el priísta.
De acuerdo con el secretario técnico de la Comisión de Cultura, el documento aprobado se logró gracias a “la voluntad política de todos los legisladores, tanto de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, como de sus pares de la Cámara de Senadores”.
Tras la votación, Gerardo Sánchez indicó a los medios que confiaba en que el dictamen pasara el Pleno del Senado para su aprobación, para que después fuera aprobada en la Cámara de Diputados. “No es un proyecto que nos deje a todos cabalmente satisfechos, pero es el inicio para sentar las bases. El proyecto de dictamen, aunque quisiéramos hacerlo ambicioso, la propia normatividad y el artículo que nos faculta en la Constitución, no nos permite introducirnos a la discusión del presupuesto en razón de que existe una Ley de Presupuesto y tampoco nos permite en otras vertientes que, si insistiéramos, podríamos dar pauta una controversia constitucional. Lo que hemos cuidado con toda atención es que no tengamos controversias”, aseguró.
Las Comisiones de Cultura del Senado y de la Cámara de Diputados formaron un grupo técnico con la intención de adecuar un proyecto de Ley, el cual contenía en su mayoría propuestas de Sánchez y de la presentada por Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. El documento fue remitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Tras la revisión, se eliminó el Título Sexto denominado “Del presupuesto y Financiamiento a la Cultura”, así como lo relativo al Sistema Nacional de Cultura y las referencias a la Ley de Derechos de Autor o la Ley de Propiedad Intelectual, y se precisó que es facultad de la Federación, la aplicación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
En el documento final destaca el Título Segundo, sobre Derechos Culturales y mecanismos para su ejercicio, en el que se enmarcan los 9 principales derechos culturales: el acceso a la cultura y disfrute de los bienes culturales, el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material e interial, la elección de identidades culturales, la pertenencia a comunidades culturales, la participación activa y creativa en la cultura, el disfrute de las manifestaciones culturales, la comunicación en lengua o idioma predilecto, la protección de los derechos de propiedad intelectual y la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La noche del jueves, trascendió que había amplias posibilidades de que fuera aprobado por el Pleno y que este viernes se presentaría en la Cámara de Diputados. De no ocurrir así, la iniciativa, dijo Sánchez, se archivaría.
