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La presión del Gobierno de Texas contra ciudades como Austin y Houston por sus políticas que limitan la colaboración policial con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se intensifica, en medio de un aumento en la detención de migrantes, en su mayoría sin récord criminal, en Estados Unidos.
El fiscal general del estado, Ken Paxton, abrió una investigación contra Austin después de que se aprobaran nuevas directrices que regulan cómo deben actuar los agentes ante órdenes administrativas de inmigración, mientras que en Houston las autoridades evalúan revertir medidas similares ante la amenaza del gobernador Greg Abbott de retirar más de 100 millones de dólares en fondos estatales.
El gobierno estatal asegura que este tipo de mediadas impiden a las autoridades "cumplir" con labores de control migratorio. Sin embargo, abogados y activistas en Texas argumentan que estrechar la colaboración entre ICE y la policía tiene consecuencias negativas para las comunidades y acusan al gobierno estatal de estar extralimitándose al intervenir.
Las nuevas normas en ambas ciudades tienen que ver con limitar o regular la capacidad de los agentes de policía para detener a alguien por más tiempo del necesario durante encuentros como paradas de tráfico con el fin de que esa persona sea arrestada por agentes de ICE.
Las directrices intentar limitar la coordinación con ICE si la persona que entró en contacto con la policía está sujeta a una "orden administrativa" de inmigración, que se cursa cuando el Gobierno sospecha que un individuo está en el país en de manera irregular.
Abogados y activistas en Texas advierten sobre lo que consideran una “extralimitación” del Gobierno por parte del gobernador y del fiscal general, quienes han amenazado con represalias a las ciudades que limitan o regulan la colaboración de la policía con ICE.
Caro Rivera Nelson, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas, expresó su preocupación por lo que considera un intento estatal de "empujar los límites de lo permitido por la ley".
Según explicó a EFE, las directrices adoptadas en ciudades como Austin y Houston "cumplen plenamente con la legislación estatal y federal" y se limitan a reiterar protecciones ya contempladas en la Cuarta Enmienda de la Constitución, que prohíbe los arrestos arbitrarios.
"La orden administrativa no es una base suficiente para detener a alguien. Se necesita una orden firmada por un juez", afirmó Rivera Nelson, quien recordó que este principio está respaldado por precedentes del Tribunal Supremo.
A su juicio, la intervención del estado busca "difuminar la línea" entre órdenes administrativas y judiciales. "Si alguien va a ser detenido durante una parada de tráfico, debe existir causa probable bajo la Cuarta Enmienda, y las órdenes administrativas no son suficientes por sí solas", añadió.
La abogada también advirtió de que las amenazas de retirar financiación estatal son "de gran alcance" y podrían afectar a cualquier ciudad. "No es justo para los texanos retener recursos públicos por una disputa política", sostuvo.
Falta de confianza en las autoridades
Desde organizaciones comunitarias, como la ONG FIEL Houston, que dirige César Espinosa, este opina que las directrices buscan precisamente "restablecer la confianza que actualmente falta en las fuerzas del orden locales".
“Si la gente confunde a la policía local con el Gobierno federal, no confiará en los agentes como víctimas o testigos de delitos”, explicó.
Espinosa afirmó que existen casos de deportaciones vinculadas a llamadas de la policía a ICE, lo que ha incrementado el temor en barrios con alta población migrante.
“Recibimos reportes todos los días de personas que ven paradas de tráfico en sus vecindarios y automáticamente piensan que es ICE, lo que está generando mucho miedo y ansiedad”, explicó.
A nivel nacional, los arrestos de migrantes que no tienen un récord criminal se han disparado un 770 %, mientras que las detenciones en la vía pública aumentaron más de un 1.000 % durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, según un análisis del proyecto Deportation Data Project de la Universidad de California Berkeley.
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