TE RECOMENDAMOS
El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva que exige que los bancos examinen más de cerca la ciudadanía de sus clientes, una nueva medida en el impulso de su administración por endurecer las acciones contra las personas que viven en el país sin autorización.
La orden exige que los reguladores bancarios y los departamentos del gobierno busquen indicios de que personas sin estatus legal abren cuentas u obtienen préstamos o tarjetas de crédito. Sin embargo, es menos agresiva de lo que los bancos esperaban, ya que en informes anteriores se indicaba que la Casa Blanca estaba redactando una orden que haría obligatoria la recopilación de información sobre la ciudadanía de los clientes.
En la orden, la Casa Blanca plantea que los bancos enfrentarían riesgos crediticios si uno de sus clientes fuera deportado y ya no pudiera reembolsar algún préstamo. La Casa Blanca afirmó que no “permitirá riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la extensión de crédito o de servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y sujetos a deportación”.
Dado que los bancos nunca han recopilado información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, no existen cifras públicas confiables sobre cuánto riesgo representan estos clientes para el sistema financiero.
En un estudio del Urban Institute, de tendencia izquierdista, se estimó que se emitieron entre 5,000 y 6,000 hipotecas a clientes con Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). Estos ITIN suelen ser utilizados por trabajadores indocumentados en lugar de un número de Seguro Social. El instituto calculó que los bancos eran muy reacios a otorgar préstamos a personas con ITIN. En general, las empresas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac también suelen mostrarse reacias a asegurar hipotecas en las que el prestatario tiene un ITIN, lo que hace aún menos probable que los titulares de tales documentos obtengan una hipoteca.
El Departamento del Tesoro anunció en noviembre pasado que reclasificaría ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que impide que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, aun si presentan sus declaraciones, pagan impuestos y cumplen con los demás requisitos.
Expertos fiscales señalaron que los inmigrantes trasladados a Estados Unidos ilegalmente por sus padres cuando eran niños —conocidos como beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal se verían afectados en gran medida por el cambio previsto.
[Publicidad]