Las autoridades de Canadá endurecerán las medidas contra el fraude migratorio con nuevas sanciones económicas que podrían alcanzar hasta 1.5 millones de dólares, una de las acciones más severas implementadas por el país para proteger a quienes buscan obtener una visa, residencia permanente, ciudadanía u otro beneficio migratorio.
Las nuevas disposiciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno canadiense para fortalecer la integridad de sus sistemas de inmigración y ciudadanía, así como para combatir prácticas engañosas y abusos cometidos por consultores, representantes y otras personas que ofrecen asesoría migratoria remunerada.
Las nuevas reglas aplican tanto a representantes autorizados, incluidos consultores de inmigración con licencia y abogados, como a personas que ofrecen asesoría o representación migratoria sin contar con la autorización correspondiente.
Según las nuevas disposiciones, el gobierno podrá imponer multas administrativas por diversas infracciones relacionadas con la representación migratoria.
Entre las sanciones previstas destacan:
5,000 dólares canadienses por proporcionar asesoría o representación migratoria remunerada sin estar autorizado.
15,000 dólares canadienses por presentar deliberadamente información falsa o engañosa en nombre de un solicitante o ayudar a alguien a hacerlo.
Sanciones adicionales cuando una solicitud sea aprobada utilizando información fraudulenta o engañosa.
Multas más elevadas para infractores reincidentes.
Las autoridades señalaron que las penalizaciones podrán acumularse hasta alcanzar un máximo de 1.5 millones de dólares por todas las infracciones combinadas.
Como parte de la estrategia de transparencia, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) dará a conocer en su sitio web los nombres de las personas sancionadas y los detalles de las infracciones cometidas.
El objetivo es advertir al público sobre representantes deshonestos y ayudar a los futuros solicitantes a identificar proveedores de servicios migratorios que han incumplido la ley.
Se espera que este registro público entre en funcionamiento durante 2027, una vez que comiencen a imponerse las primeras sanciones bajo el nuevo esquema.
Las autoridades canadienses recomiendan a quienes planean realizar trámites de inmigración o ciudadanía verificar que la persona que los asesora esté debidamente autorizada antes de realizar cualquier pago.
Esta recomendación cobra especial relevancia para trabajadores extranjeros, estudiantes internacionales y personas interesadas en emigrar a Canadá, quienes suelen ser objetivos frecuentes de estafadores que prometen visas o permisos garantizados.
Antes de contratar servicios migratorios, es importante confirmar que el representante figure entre los profesionales autorizados por el gobierno canadiense.
La ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Lena Metlege Diab, afirmó que todas las personas que desean construir un futuro en el país merecen recibir asesoría confiable y precisa.
La funcionaria señaló que estas medidas buscan proteger a los solicitantes frente al fraude y las malas prácticas, al tiempo que garantizan consecuencias para quienes incumplan las normas. También destacó que la mayoría de los profesionales que ofrecen servicios migratorios actúan de manera legal, pero quienes violen las reglas enfrentarán sanciones.
El proyecto de reglamento fue publicado para consulta pública el 21 de diciembre de 2024 en la Gaceta de Canadá.
La versión definitiva del reglamento está programada para publicarse el 4 de noviembre de 2026.
Las personas que consideren que fueron sancionadas de manera incorrecta podrán solicitar una revisión formal de la penalización mediante el procedimiento establecido por las autoridades.
Las nuevas medidas reflejan el esfuerzo de Canadá por combatir el fraude migratorio y proteger a quienes buscan oportunidades de estudio, trabajo o residencia en el país. Con multas que pueden alcanzar 1.5 millones de dólares, la publicación de los nombres de los infractores y mayores controles sobre los representantes migratorios, las autoridades buscan desalentar prácticas engañosas y reforzar la confianza en el sistema de inmigración canadiense.
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