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El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva normativa que permitirá negar el asilo y la suspensión de la deportación a extranjeros que representen amenazas para la seguridad nacional o riesgos significativos para la salud pública, particularmente en el contexto de emergencias sanitarias.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que publicó un aviso en el Registro Federal con el objetivo de aclarar cuándo un extranjero puede no ser elegible para recibir asilo o retención de deportación debido a que representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos.
Aunque la norma final fue publicada en 2020, su entrada en vigor fue pospuesta en múltiples ocasiones.
Según el DHS, los cambios buscan que las autoridades migratorias conserven la facultad de evaluar los riesgos a la salud pública como una forma de amenaza a la seguridad, en los casos de solicitudes de asilo y de suspensión de la expulsión. El aviso especifica que estas evaluaciones podrán aplicarse cuando exista una emergencia de salud pública.
“La norma definitiva permite al DHS y al DOJ conservar la autoridad para considerar los riesgos de salud pública como una prohibición basada en riesgos para la seguridad”, señala el aviso publicado en el Registro Federal.
La norma final entró en vigor el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con el calendario oficial anunciado por las autoridades federales.
Como parte del mismo proceso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que el 2 de diciembre suspendió el trámite de todas las solicitudes de asilo, medida que permanece vigente mientras se realiza una “revisión exhaustiva” de los procesos y criterios de elegibilidad.
Esta suspensión se presenta como una acción administrativa complementaria a la nueva norma y permite a las autoridades revisar casos pendientes bajo los criterios actualizados de seguridad y salud pública.
El DHS subrayó que la norma definitiva forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar los controles de seguridad en el sistema de asilo. En el comunicado oficial, la agencia afirmó que esta acción constituye:
“Un paso más en nuestros esfuerzos continuos por apoyar las prioridades de la administración Trump, garantizando que a los extranjeros que representen un peligro para la seguridad de Estados Unidos no se les conceda asilo ni se les suspenda la deportación”.
La normativa no elimina el asilo como figura legal, pero sí endurece los criterios de elegibilidad al permitir que ciertos factores sanitarios y de seguridad sean considerados razones suficientes para negar la protección migratoria.
La norma es aplicable desde el 31 de diciembre de 2025, fecha a partir de la cual los oficiales de inmigración y jueces podrán aplicar formalmente estas disposiciones en los procesos de asilo y retención de expulsión.
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