La posibilidad de que las autoridades migratorias de Estados Unidos puedan seguir los movimientos de un vehículo ha generado preocupación entre las comunidades inmigrantes.
En el centro del debate se encuentra Flock Safety, una empresa que opera una de las redes de lectores automáticos de matrículas (ALPR) más grandes del país y que ha sido señalada por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) por los riesgos que representa para la privacidad.
Los sistemas de Flock Safety están diseñados para capturar imágenes de los vehículos que circulan por las calles. Estas cámaras registran información como la matrícula, el modelo, el color y la ubicación donde fue detectado el automóvil.
De acuerdo con la ACLU, la red de Flock cuenta con más de 120 mil lectores automáticos de matrículas distribuidos en distintas comunidades de Estados Unidos. La organización sostiene que estos sistemas permiten recopilar enormes cantidades de información sobre los desplazamientos de millones de conductores, creando bases de datos de ubicación a gran escala.
Según la ACLU, estas herramientas no sólo registran vehículos relacionados con investigaciones criminales, sino prácticamente todos los automóviles que pasan frente a las cámaras, lo que puede permitir reconstruir patrones de movimiento y hábitos de vida de las personas.
Oficialmente, la respuesta de Flock es no. La empresa asegura en su sitio web que no trabaja con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que la agencia federal no tiene acceso directo a sus cámaras, sistemas ni bases de datos.
Flock señala que el intercambio de información con agencias federales está desactivado de forma predeterminada y que son los gobiernos locales, condados, ciudades o entidades propietarias de los datos quienes deciden si comparten información con otras agencias.
La compañía también afirma que:
Aunque Flock insiste en que ICE no tiene acceso directo a sus sistemas, organizaciones de derechos civiles y especialistas en privacidad han advertido que los datos pueden terminar siendo utilizados en investigaciones migratorias mediante la colaboración entre distintas agencias policiales.
La ACLU sostiene que los lectores de matrículas crean una infraestructura de vigilancia masiva capaz de rastrear vehículos a lo largo del país. Además, ha cuestionado las medidas implementadas por la empresa para evitar usos indebidos de la información.
Uno de los puntos más controvertidos es que los departamentos de policía pueden compartir datos con otras agencias de seguridad pública, lo que ha generado dudas sobre la posibilidad de que esa información termine siendo utilizada en operativos relacionados con inmigración.
La controversia aumentó tras un reporte de 404 Media sobre una herramienta de Flock llamada FreeForm.
Según ese reporte, la función permite realizar búsquedas dentro de las grabaciones utilizando descripciones físicas, características de la ropa, tatuajes e incluso otros elementos relacionados con la apariencia de una persona.
Aunque Flock afirma que no utiliza tecnología de reconocimiento facial y rechaza que sus cámaras estén diseñadas para rastrear personas que caminan por las calles, la existencia de herramientas de búsqueda avanzada ha despertado preocupaciones sobre el posible seguimiento indirecto de individuos.
La empresa respondió que FreeForm incorpora mecanismos de seguridad destinados a detectar búsquedas que incluyan términos relacionados con raza, etnia, religión o nacionalidad y que estos generan alertas para los administradores del sistema.
En la práctica, las cámaras ALPR están diseñadas para identificar vehículos, no personas.
Sin embargo, organizaciones como la ACLU advierten que seguir un vehículo puede permitir conocer dónde vive una persona, dónde trabaja, los lugares que visita frecuentemente y sus movimientos cotidianos.
Por ello, defensores de los derechos civiles consideran que sistemas de este tipo podrían utilizarse para ubicar a determinados individuos mediante los automóviles que utilizan regularmente, especialmente cuando existe intercambio de información entre distintas corporaciones de seguridad.
Ante las críticas, Flock anunció diversos cambios en sus operaciones, como la reducción del periodo estándar de almacenamiento de datos de 30 días a siete días y la implementación de un "Modo Evidencia" para conservar información relacionada con investigaciones específicas.
Sin embargo, la ACLU considera que estas medidas todavía no han demostrado ser suficientemente eficaces y señala que algunos controles implementados anteriormente fueron fáciles de eludir.
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