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Una coalición de cerca de 70 organizaciones comunitarias y sindicatos convocaron este miércoles en Los Ángeles a un boicot económico para el próximo primero de mayo, cuando se celebra el Día Internacional del Trabajo, para abogar por la defensa de los migrantes y una reforma que permita su legalización.
El objetivo de los defensores de los derechos civiles es continuar con la presión que ya ha logrado contener las agresivas redadas migratorias del Gobierno del presidente Donald Trump, dijo a EFE Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
La activista subrayó que fue gracias a la presión de la comunidad que finalmente la Casa Blanca destituyó a Kristi Noem de dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y empujó al retiro al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bobino, rostro de los operativos a nivel nacional, que se saldaron con varios tiroteos y cobraron la vida de dos estadounidenses.
El boicot va dirigido específicamente contra los gigantes minoritarios Home Depot y Target, dos de las empresas que se han alineado con la Casa Blanca, y otras grandes multinacionales que apoyan al gobierno republicano.
Llamado a marchar
En la conferencia de prensa también se hizo un llamado a marchar el 1 de mayo y a unirse a cerca de 70 organizaciones y sindicatos que buscan sentar un precedente.
“Tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que unirnos. Nuestro poder hace la diferencia. Se los estoy pidiendo como un sacrificio, que salgan a marchar a los pequeños comerciantes, los ciudadanos, todos los afectados por las políticas de Trump”, apuntó Salas.
La convocatoria se hizo justo este 25 de marzo cuando se cumplen 20 años de la Gran Marcha, la más grande realizada a favor de una reforma de inmigración en una ciudad de Estados Unidos y que inspiró otras manifestaciones que reunieron cientos de miles de personas.
La manifestación, organizada por la Coalición 25 de Marzo y que congregó a más de medio millón de personas a favor de los indocumentados, se dio como una respuesta a la ley HR4437, presentada por el entonces congresista republicano de Wisconsin Jim Sensenbrenner y aprobada en diciembre de 2005 por la Cámara de Representantes, que entre otras medidas declaraba como delito el entrar ilegalmente al país y prohibía la ayuda a los indocumentados.
Salas recordó que las manifestaciones lograron tumbar la ley y mostrar al país y al mundo la verdadera dimensión del problema de los indocumentados en Estados Unidos. “Lo hicimos una vez lo podemos hacer nuevamente”, puntualizó.
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