El presidente estadounidense Donald Trump ha declarado que los cárteles de la droga son combatientes ilegales y afirma que Estados Unidos se encuentra ahora en un "conflicto armado no internacional", según un memorando del gobierno de Trump obtenido por The Associated Press el jueves, tras los recientes ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe.
El Congreso fue notificado sobre la designación por funcionarios del Pentágono el miércoles, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.
El memorando, sorprendente en su alcance, marca un potencial nuevo momento no sólo en la disposición del gobierno de Trump para ir más allá de las normas de autoridad presidencial para hacer la guerra, sino también en la agenda declarada de Trump de "Estados Unidos primero". También plantea preguntas contundentes sobre hasta dónde pretende llegar la Casa Blanca en el uso de sus poderes de guerra y si el Congreso ejercerá su autoridad para aprobar —o prohibir— tales acciones militares.
La medida se toma luego que el mes pasado el ejército estadounidense llevó a cabo tres ataques mortales contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe. Al menos dos de esas operaciones se realizaron contra embarcaciones que salieron desde Venezuela.
Esos ataques se registraron luego de un aumento de las fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe.
“Aunque naciones extranjeras amigas han hecho esfuerzos significativos para combatir estas organizaciones, sufriendo pérdidas significativas de vidas, estos grupos son ahora transnacionales y cometen ataques continuos en todo el hemisferio occidental como cárteles organizados”, según el memorando, que se refiere a los miembros del cártel como “combatientes ilegales”. “Por lo tanto, el presidente determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas y determinó que sus actos constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”.
Funcionarios del Pentágono no pudieron proporcionar una lista de las organizaciones terroristas designadas en el centro del conflicto, lo que generó mucha frustración para algunos de los legisladores que fueron informados, según la fuente.
Los legisladores han estado presionando a Trump para que acuda al Congreso y solicite la facultad de poderes de guerra para tales operaciones.
La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron a solicitudes de comentarios. Varios funcionarios de defensa contactados el jueves parecían sorprendidos por la determinación y de momento no comentaron ni explicaron qué podría significar la decisión del presidente para el Pentágono o las operaciones militares en el futuro.
Lo que el gobierno de Trump expuso en la sesión informativa clasificada a puerta cerrada fue percibido por varios senadores como la búsqueda de un nuevo marco legal que causó preguntas, particularmente en cuanto al papel del Congreso en autorizar cualquier medida de este tipo, dijo la persona familiarizada con el asunto.
A medida que el gobierno republicano apunta a embarcaciones en el Caribe, senadores y legisladores de ambos partidos políticos han planteado objeciones contundentes. Algunos habían pedido previamente al Congreso que ejerciera su autoridad bajo la resolución de poderes de guerra que prohíbe los ataques del gobierno a menos que sean autorizados por el Congreso.
El primer ataque militar, llevado a cabo el 2 de septiembre contra lo que el gobierno de Trump dijo que era una lancha rápida que transportaba drogas, mató a 11 personas. Trump afirmó que la embarcación era operada por la banda Tren de Aragua, que a principios de este año fue catalogada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.
El gobierno de Trump había justificado previamente la operación militar como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Pero varios senadores, demócratas y algunos republicanos, así como grupos de derechos humanos cuestionaron la legalidad de la medida de Trump. La calificaron como un posible exceso de la autoridad ejecutiva en parte porque se utilizó al ejército para fines de aplicación de la ley.
Al afirmar que su campaña contra los cárteles de la droga es un conflicto armado activo, Trump parece estar reclamando poderes de guerra extraordinarios para justificar su acción.
El senador Jack Reed de Rhode Island, el principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo que los cárteles de la droga son “despreciables y deben ser tratados por las fuerzas del orden”.
"El gobierno de Trump no ha ofrecido una justificación legal creíble, evidencia o inteligencia para estos ataques”, sostuvo Reed, un exoficial del ejército que sirvió en la 82da División Aerotransportada.
El gobierno de Trump aún no ha explicado cómo el ejército evaluó la carga de las embarcaciones y determinó la supuesta afiliación de los pasajeros a la banda antes de los ataques.