El gobierno de Estados Unidos ha iniciado acciones legales para retirar la ciudadanía a 17 personas naturalizadas, entre ellas dos mexicanos, por presuntamente haberla obtenido de manera ilegal mediante fraude, ocultamiento de información o declaraciones falsas.
El anuncio fue realizado por el Departamento de Justicia, que presentó demandas de revocación de naturalización en distintos tribunales federales del país. Los casos involucran delitos graves como abuso sexual de menores, fraude financiero, lavado de dinero y distribución ilegal de drogas.
La desnaturalización es un proceso legal mediante el cual el gobierno puede revocar la ciudadanía estadounidense de una persona si se determina que esta fue obtenida de manera fraudulenta, mediante ocultamiento de información relevante o por la comisión de ciertos delitos.
Aunque este mecanismo existe desde hace tiempo en la legislación estadounidense, recientemente ha cobrado mayor atención por el aumento de casos que el gobierno ha decidido llevar ante tribunales.
De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una persona naturalizada puede perder su ciudadanía si:
Las autoridades consideran que estos factores afectan directamente el requisito de “buena conducta moral”, indispensable para obtener la nacionalidad.
El fiscal general interino, Todd Blanche, señaló que existe una política de tolerancia cero frente a estas prácticas:
“Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio (…) mantenemos una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso”.
El Departamento de Justicia ha definido diez categorías prioritarias para enfocar sus recursos en los casos más graves de desnaturalización. Entre ellas destacan:
Personas que representen un riesgo para la seguridad nacional, como vínculos con terrorismo o espionaje.
Participación en tortura, crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos.
Actividades relacionadas con bandas criminales, crimen organizado o cárteles.
Delitos graves no declarados durante la naturalización.
Trata de personas, delitos sexuales o violencia.
Fraude financiero contra el gobierno o contra particulares.
Obtención de ciudadanía mediante corrupción o engaños.
Casos relacionados con investigaciones penales en curso.
Además, las autoridades se reservan el derecho de actuar en cualquier caso que consideren relevante para proteger la integridad del sistema migratorio.
Entre las 17 personas señaladas hay individuos de países como Cuba, Colombia, India, Jamaica y Filipinas. Los delitos que se les atribuyen incluyen:
En la mayoría de los casos, el patrón es el mismo: los implicados presuntamente mintieron o ocultaron información durante su proceso de naturalización.
Dos ciudadanos de origen mexicano destacan entre los casos:
El proceso en su contra inició el 4 de junio de 2026. De acuerdo con la acusación, "obtuvo la residencia permanente y la ciudadanía mediante una suplantación de identidad".
"Se hizo pasar por la esposa de un ciudadano estadounidense fallecido, mientras que su verdadero esposo también utilizaba esa identidad falsa". Las autoridades sostienen que Montoya era consciente del fraude.
Mendoza es señalado por haber recibido material ilegal relacionado con menores antes de obtener la ciudadanía. Sin embargo, en su solicitud afirmó no haber cometido delitos.
Años después, se declaró culpable. Las autoridades aseguran "que ocultó deliberadamente esta información" durante su proceso de naturalización.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respaldó estas acciones. Su titular, Markwayne Mullin, afirmó:
“La ciudadanía estadounidense es un privilegio que debe ganarse con honestidad (…) continuaremos revocando la ciudadanía y deportando a quienes manipulen el sistema”.
Por su parte, el Departamento de Justicia reiteró que continuará persiguiendo a quienes "hayan obtenido la ciudadanía de forma ilegal".
Las demandas presentadas son el inicio de un proceso judicial. Un tribunal federal será el encargado de determinar si procede la revocación de la ciudadanía en cada caso.
Si el fallo favorece al gobierno, los implicados perderán su nacionalidad y podrían ser deportados.
Aunque el gobierno sostiene que estas acciones buscan proteger la integridad del sistema de naturalización, algunas organizaciones pro migrantes han expresado preocupación.
Advierten que existe el riesgo de que las autoridades excedan sus facultades y que personas inocentes puedan verse afectadas por procesos de desnaturalización.
El inicio de estos 17 casos marca una postura más estricta de Estados Unidos frente al "fraude en procesos migratorios".
Para quienes buscan naturalizarse, el mensaje es claro: la transparencia y la veracidad en la información son esenciales, ya que cualquier irregularidad puede tener consecuencias incluso años después de haber obtenido la ciudadanía.
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