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Un Tribunal de Apelaciones estadounidense autorizó este martes al Gobierno de Donald Trump a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos que, en principio, estaba reservado para las personas detenidas al cruzar las fronteras, expulsadas sin posibilidad de presentar sus casos ante un juez.
En una votación de dos a uno, los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvieron que no se violaron los derechos de los inmigrantes al extender este proceso al resto del país.
Apenas asumió su segundo mandato, Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aplicar el procedimiento, conocido como ‘expulsión acelerada’, a todos los extranjeros que no pudieran demostrar que llevan menos de dos años residiendo en el país sin permitirles una audiencia frente a un juez de inmigración.
La deportación acelerada se aplica generalmente a indocumentados detenidos cerca de la frontera sur, que generalmente son regresados a México en los siguientes días de su detención.
La orden de Trump permite que los agentes de ICE puedan deportar a personas detenidas en zonas alejadas de la frontera.
El juez Justin R. Walker, nombrado por Trump, redactó la opinión mayoritaria, a la que se unió la jueza Neomi Rao, también designada por el mandatario estadounidense.
"La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia 'directriz de política escrita' es ilegal...", escribió Walker en la opinión mayoritaria.
El fallo, que supone una victoria para la agenda migratoria de la Casa Blanca, responde a una demanda encabezada por la organización Make the Road New York que argumentó que la orden de Trump era inconstitucional porque violaba los derechos al debido proceso.
En ese sentido, Walker opinó que la directriz del presidente Trump no priva a los extranjeros "de una oportunidad significativa de ser escuchados".
El juez Robert L. Wilkins, nombrado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), escribió en su voto disidente que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no habían refutado que, al aplicar dicha política, había deportado a varias personas que llevaban más de dos años en el país.
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